Breve historia

En 1999 ­cuando nace la CPM­ todavía estaban vigentes las leyes de impunidad (obediencia debida y punto final) que impedían el juzgamiento de los responsables del terrorismo de estado. En este contexto la CPM surge también como una manifestación de apoyo a los Juicios por la Verdad que se estaban llevando a cabo en la provincia de Buenos Aires, una novedosa instancia judicial en la que se acumulaba prueba contra los represores pero que no tenían un carácter punible.
Dos ideas dieron origen a la CPM: que el Estado democrático debe tener un rol activo en el impulso de políticas públicas de memoria y en la promoción de los derechos humanos, y que este mandato debe cumplirlo articulando fuertemente con la sociedad civil. De aquí surgió otra definición fundante: que ser parte del estado provincial no significara estar ligada a los gobiernos de turno. Estas premisas básicas de autonomía y autarquía están plasmadas en las leyes de creación, y se sostienen en la práctica política y programática que ha desplegado la CPM en estos años, lo que constituye un hecho especialmente significativo para la institucionalidad democrática.
Por tratarse de una experiencia pionera en el país, el modelo institucional que dio origen a la comisión bonaerense sirvió luego de referencia para la creación de comisiones en otras provincias.

Una mirada integral sobre los derechos humanos
Con estas ideas, en el año 2002 se puso en marcha el programa Jóvenes y Memoria destinado a jóvenes de escuelas secundarias de la Provincia y de organizaciones sociales, políticas y culturales. Este programa se propone promover el compromiso político y la participación activa de los jóvenes en procesos de construcción y transmisión de la memoria colectiva y la promoción y defensa de los derechos humanos, como forma de afianzar las prácticas democráticas.
También se creó la maestría de Historia y Memoria a través de un convenio con la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, y comenzó las tareas de digitalización del archivo DIPPBA. En diciembre de ese mismo año fundó el Museo de Arte y Memoria con el objetivo de convertirlo en un espacio de reflexión sobre el autoritarismo y la democracia, hacer un centro de difusión de ideas y debates y un lugar de expresión cultural.

En el año 2003, los casos de abuso policial, la violencia institucional y la vulneración sistemática de derechos en los lugares de detención de la provincia de Buenos Aires impulsaron una decisiva intervención de la CPM que se tradujo en la creación del Comité contra la Tortura. Nació de este modo, un espacio para la recepción de denuncias y el control y monitoreo en cárceles, comisarías e institutos de menores, cumpliendo con las premisas establecidas por el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas. Desde el 2003, el informe anual del Comité es tomado como referencia por organismos internacionales de derechos humanos que abordan la grave situación en las cárceles de la provincia de Buenos Aires.

Los aportes a la justicia por delitos de lesa humanidad, la reparación a las víctimas del terrorismo de estado que visitan el archivo DIPPBA, la interpelación desde las artes visuales, la participación de los jóvenes en los programas educativos, la capacitación y formación permanentes y las denuncias de las personas privadas de libertad conviven cotidianamente en la CPM. Esto no sólo expresa un modo particular de gestionar las políticas públicas, sino que afirma otra premisa fundamental: la memoria es presente y las formas de acción e intervención de la CPM se fundan en un fuerte compromiso con los desafíos que impone una mirada integral sobre los derechos humanos, sumando a la agenda de debate la desigualdad, la pobreza y la exclusión social.

Las líneas de trabajo incorporadas en los últimos años se orientan en este sentido. En el 2011, la CPM junto a otras organizaciones de derechos humanos formó parte del Acuerdo de Seguridad Democrática (ASD) y creó un Programa que se encarga de monitorear las políticas de seguridad, producir datos y estadísticas y generar recursos e instrumentos específicos para intervenir en el debate público. En acción conjunta, se despliegan acciones vinculadas al litigio estratégico para acompañar a familiares y víctimas de violaciones a los derechos humanos.