Movilizaciones políticas y sociales bajo la mirada de la DIPPBA,
1956 – 1998
Movilizaciones políticas 1975-1998
La Comisión por la Memoria
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) es un organismo público,
autónomo y autárquico creado en 1999 por resolución legislativa y
ratificada por ley provincial en el año 2000.
Desde su creación, la CPM tiene en guarda el archivo de la Dirección
de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires
(DIPPBA). Se trata del primer fondo documental de los servicios de
inteligencia abierto al público en la República Argentina. Es un
extenso y pormenorizado registro del espionaje político ideológico
practicado sobre personas a lo largo de más de medio siglo.
La gestión de este archivo da respuesta a la consulta de
ciudadanas/os que requieren copia de la documentación que la DIPPBA
produjo sobre ellos o sobre sus familiares, a investigadoras/es y a
la Justicia Federal, donde se tramitan las causas por crímenes de
lesa humanidad.
La CPM está integrada por reconocidas personalidades provenientes de
organismos de derechos humanos, de congregaciones religiosas, de los
ámbitos judicial y legislativo, de la Universidad, de la esfera
sindical y de la cultura: Adolfo Pérez Esquivel (presidente), Dora
Barrancos (presidenta), Víctor De Gennaro (vicepresidente), Susana
Méndez (vicepresidenta), Roberto Cipriano García (secretario),
Ernesto Alonso (tesorero), José María Di Paola (pro-secretario), Ana
Barletta, Victor Mendibil, Yamila Zavala Rodríguez, Carlos Sánchez
Viamonte, Nora Cortiñas, María Sonderéguer y Laura Ginsberg.
Consultores académicos: Baltasar Garzón Real, Theo van Boven,
Antonio González Quintana y Patricia Funes.
Sitio de Memoria, Defensa y Promoción de los derechos humanos ex CCD Pozo de Quilmes
Desde los años de la dictadura, el pueblo argentino mantuvo una
lucha incansable para que el reconocimiento de los crímenes de lesa
humanidad y la condena a sus responsables se constituya en un
baluarte irrenunciable de la vida democrática. En estos 34 años,
desde el retorno de la democracia, las políticas de memoria, verdad
y justicia han sido reconocidas internacionalmente.
Estas políticas no fueron sólo un episodio jurídico. Junto a la
condena de los represores, se avanzó en la construcción de una
memoria democrática; es decir, una memoria para seguir luchando por
el respeto irrestricto de los derechos humanos. En ese desafío, la
recuperación de los lugares asociados al terrorismo de Estado como
espacios de memoria e intervención política, social y cultural
ocuparon un rol fundamental.
En mayo, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) tomó posesión
del edificio donde funcionó el centro clandestino de detención Pozo
de Quilmes, creado recientemente por ley como sitio de memoria.
Entre 1975 y 1979, pasaron más de 250 víctimas del terrorismo de
Estado y todavía sigue funcionando en el lugar una dependencia
policial. Sin embargo, con la desafectación parcial comienza a
materializarse la recuperación de este espacio.
La CPM, el Colectivo verdad justicia y memoria de Quilmes, la
secretaría de Derechos Humanos de la Provincia y el Municipio
integran el Consejo del sitio para la memoria, defensa y promoción
de los derechos humanos. Definieron como una línea de trabajo la
necesidad de abrir este lugar a la comunidad para trabajar
colectivamente con escuelas, organizaciones e instituciones de la
zona en la promoción de la memoria y la defensa de los derechos
humanos hoy, y su vinculación con la educación, el territorio y la
justicia.
Una memoria democrática se construye en esa vinculación entre el
pasado y el presente, en la apropiación de la experiencia histórica
por parte de las nuevas generaciones, en la convicción de que la
denuncia del terrorismo de Estado nos debe interpelar para luchar
contra las muertes por gatillo fácil, la tortura en los lugares de
encierro.
La DIPPBA y su fondo documental
La DIPPBA se creó en 1956 y funcionó hasta 1998, momento en que fue disuelta y cerrado su archivo en el contexto de una reforma de la Policía bonaerense. Ese año comenzaron a desarrollarse los denominados “Juicios por la Verdad” que tenían como objetivo la acumulación de pruebas sobre la represión y desaparición de miles de personas en la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura militar (1976/1983), pero sin carácter punitivo ya que estaban vigentes las leyes de obediencia debida y punto final. En ese contexto, la Justicia Federal de La Plata dictó una medida de no innovar sobre el archivo de la DIPPBAal considerar que sus documentos podían aportar pruebas. En diciembre del año 2000 el gobierno provincial transfirió el archivo a la CPMpara que lo convirtiera en un “Centro de información con acceso público tanto para los afectados directos como para todo interesado en desarrollar tareas de investigación y difusión” (ley 12.642). En 2003 la Cámara Federal de Apelaciones dejó sin efecto parcialmente dicha medida de no innovar, que continúa temporariamente sólo para la documentación del período 1976 / 1983.
El archivo consta de aproximadamente cuatro millones de fojas cuyas fechas extremas son 1932-1998 (predominante 1957-1998). Está organizado por fichas ─hay más de 200.000 fichas personales─ y legajos. Cada legajo se compone de informes de inteligencia, panfletos, volantes, fotografías, recortes periodísticos, publicaciones, memorandos (escritos breves utilizados para transmitir recomendaciones o pedidos entre distintos departamentos u organismos, e intercambiar información) entre otros. Esa diversidad permite un acercamiento a varias voces que enriquece el relato histórico. Por otro lado, el fondo documental refleja la vigilancia extendida a toda la provincia de Buenos Aires así como a la CapitalFederal y, en menor medida, al resto del país. Ciudades grandes y localidades pequeñas integran el amplio espectro del fondo DIPPBA.
Los legajos se encuentran organizados por “factores” y “mesas” de trabajo:
La Mesa A contiene un registro de actividades de
política partidaria, estudiantiles y de gobierno. Está dividida en
tres factores: Político, Estudiantil y Comunal.
La Mesa B registra información correspondiente al
mundo del trabajo: entidades gremiales, actividad sindical y fabril,
y actividad económica. Está dividida en factores (Gremial, Laboral y
Económico) y en carpetas temáticas y por localidad.
La Mesa C (Comunismo) reúne información sobre
personas, organizaciones y actividades calificadas por la DIPPBA
como “comunistas”. Parte de la documentación contenida en esta mesa
corresponde a material producido por organismos anteriores a la
creación de la DIPPBA.
La Mesa De (De Entidades) contiene dos factores:
Social y Religioso. El Social realiza un registro pormenorizado de
las distintas entidades de Bien Público de la Provincia y de la
Capital Federal.
El factor Religioso realiza el mismo seguimiento pero sobre
entidades religiosas y miembros de la comunidad eclesiástica.
La Mesa Ds (Delincuentes subversivos) tenía por
finalidad registrar toda clase de información vinculada a la
actividad catalogada como “subversiva”. En ella se pueden encontrar
desde análisis sobre organizaciones armadas hasta pedidos de
captura, pasando por listas de detenidos, allanamientos y
solicitudes de paradero, entre otros materiales. Está dividida en
tres carpetas: Bélico, Daños y Varios.
La Mesa Referencia elaboraba legajos sobre temas
diversos que no se encuadraban en las otras mesas, o bien reunía
información que podía resultar de interés para el resto de las
mesas. La mayoría de los legajos son temáticos, aunque se pueden
encontrar también algunos legajos personales.