El juicio a las Juntas realizado en 1985 marcó precedente en la historia de la justicia Argentina y mundial. Una vez condenados los responsables de la conducción militar, la justicia inició investigaciones que pusieron bajo mirada a oficiales de distintos rangos. Esto provocó tensiones, cohesión al interior de las fuerzas y un creciente malestar social e institucional. En diciembre de 1986, el gobierno de Raúl Alfonsín promueve la sanción de la ley 23.492 llamada de Punto Final, que establecía un plazo muy breve para enjuiciar a los militares responsables de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, esto no alcanzó para calmar el malestar en las fuerzas armadas, que en abril de 1987 realizaron el primer alzamiento carapintada reclamando el cese de cualquier enjuiciamiento por la actuación durante la dictadura militar. Como consecuencia, en junio de ese mismo año se sanciona la ley 23.521 de Obediencia Debida que eximía de responsabilidades punibles a oficiales medios y subalternos por considerar que habían actuado obedeciendo órdenes de superiores. Ambas leyes generaron un amplio rechazo de los organismos de derechos humanos.
Si el gobierno radical pareció doblegar el gran hito del juicio a las Juntas, en 1989 el gobierno de Carlos Saúl Menem se embanderó detrás del olvido, la “pacificación nacional” y la “reconciliación”. Así, al poco tiempo de asumir, decretó más de 200 indultos que implicaron tanto a procesados como a condenados de las fuerzas armadas y líderes de las organizaciones guerrilleras.
Se multiplicaron manifestaciones masivas en repudio a los indultos presidenciales que incluyeron la presencia de organismos de derechos humanos, partidos políticos, agrupaciones estudiantiles, sindicatos, y sociedad civil en general.
Recién en el año 2003 el Congreso nacional, casi por unanimidad, anuló las leyes de obediencia debida y punto final, abriendo la puerta a los juicios por delitos de lesa humanidad. En el año 2005, la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
La DIPPBA registró la gran movilización realizada en contra del indulto en septiembre de 1989 así como las diversas repercusiones que tuvo. Informes de inteligencia, memos, panfletos, volantes, transcripciones radiales y recortes periodísticos conforman un legajo de casi 1.000 fojas.
El material seleccionado refleja cómo los organismos de inteligencia elaboraban posibles escenarios de conflicto y realizaban seguimiento a los organismos de derechos humanos, partidos políticos y movimientos sociales.
El legajo de la DIPPBA sobre el indulto reúne tres tomos de más de mil fojas donde se destacan recortes periodísticos, transcripciones radiales, informes de inteligencia, volantes y afiches que repudian la decisión presidencial de indultar a los militares condenados por el terrorismo de Estado, y las convocatorias a diferentes actos y manifestaciones que se realizaron durante septiembre y octubre de 1989. El material seleccionado refleja cómo los organismos de inteligencia elaboraban posibles escenarios de conflicto y realizaban seguimiento a los organismos de derechos humanos, partidos políticos y movimientos sociales.
CPM -Fondo DIPPBA – Div Cen AyF Mesa Referencia, Legajo 18073. Asunto: “Monseñor Jorge Novak, Marcha del Hambre, 30 de agosto de 1981”. Y CPM -Fondo DIPPBA – Div Cen AyF Mesa D(e), Factor Religioso, Legajo 573. Asunto: Peregrinación y misa “Por La Paz, el Pan y El trabajo”.
